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APOYO A NUESTROS RUNAKUNAS INDIGANDXS DE PERÚ

Ante el estado de emergencia impuesto por el gobierno Peruano, para proteger un proyecto minero inviable “Conga”, vulnerando con ello los derechos fundamentales, públicos y medio ambientales del pueblo peruano en Cajamarca.

Movilización de los runakunas indignadxs en Cajamarca “ No a Conga”
La vida y el agua valen más que el oro”

El movimiento de indignadxs se ha extendido a nivel mundial luchando por salvaguardar y reivindicar los derechos y espacios públicos de lxs ciudadanxs, como actores sociales de cambio y de participación política directa, frente a la codicia e
intereses económicos de unos pocos y la instauración de “políticas” anti-sociales injustas.
El movimiento está presente en cada rincón del planeta y exige demandas globales sin olvidar las particularidades de cada contexto. De esta manera, la indignación causada por el inviable megaproyecto minero de Conga, ha llevado a los ciudadanxs peruanxs a manifestarse pacíficamente en contra de la puesta en marcha del mismo.

La respuesta del gobierno ante las protestas ha sido la de declarar -sin fundamento jurídico- el estado de emergencia para reprimir a la población. Esta intromisión de las fuerzas militares, intenta proteger los intereses privados de las transnacionales Newmont Mining Corporation e

El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional.

ignora la voz del pueblo, que clama diciendo que “no somos mercancía en manos de políticos,
banqueros y transnacionales” y “que los medios de vida no se venden, se defienden”.

La creación de este manifiesto nace con el fin de apoyar a los runakunas de Perú:

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano
que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre,
cometido como parte de un ataque generalizado o sistemática contra una población civil”,
como lo es la declaración de un estado de emergencia ilegal, que podría tipificarse bajo
la figura de “persecución”1. De esta manera, la intromisión de las fuerzas militares para
cumplir una orden de la administración ejecutiva del Estado peruano (estado de emergencia)
atenta contra todo fundamento jurídico y contra los derechos fundamentales y públicos
de los ciudadanxs cajamarquinxs del Perú, coartando las libertades de los indignadxs, que
se pronunciaron PACÍFICAMENTE, para protestar contra la vulneración de sus derechos y
medios de vida ante la imposición de un megaproyecto de minería que en todos sus niveles
vulnera y pone en situación de riesgo a la población.

Se trata de un proyecto que sólo beneficia los intereses particulares de una transnacional
que corrompe a políticxs para hacerse con sus fines lucrativos. Las acciones de la empresa
Newmont Mining Corporation son conocidas a nivel mundial, minera que en más de un
contexto ha incurrido en graves daños a poblaciones enteras y al medio ambiente, causando
perjuicios irreparables.

Diversas son las declaraciones de la existencia de deficiencias tanto en los informes del
proyecto Conga, como en los estudios de procesos de decantación físicos o gravimétricos, así
como en la gestión de recursos hídricos y los análisis de modelos matemáticos predictivos.
Añadido a ello, la postulación y aplicación de tecnología de biología molecular y manipulación
genética de bacterias para volver inocuos los relaves – llamadas tecnologías de punta- con lo
que algunos defensores de “intereses” particulares defienden este tipo de proyectos mineros,
carecen absolutamente de fundamentos científicos y técnicos. Se sabe, a partir de los estudios
emitidos en Canadá, que no hay tecnología que mitigue, disminuya y anule los nocivos efectos
ambientales de usar 10 o más Tn /día de explosivos, que liberan gases ácidos y tóxicos propios
de la explosión, así como otros muy nocivos “gases que han estado atrapados por siglos en las
entrañas de la tierra (y) que son liberados abruptamente a la atmósfera”. Y los contendedores
de relave, sujetos al control y manipulación de los mineros, cuentan siempre con deficiente
monitoreo de las instituciones del estado, no recibiendo el tratamiento de neutralización que
debería aplicarse según las normas y procedimientos internacionales, para evitar en la medida
de lo posible la contaminación de recursos hídricos en la zona de intervención.

El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover
en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas
y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se
desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional.

Cabe resaltar el proyecto Conga, es un proyecto minero a tajo abierto en la cabecera de una
cuenca, que alimenta por lo menos a cinco sistemas hidrográficos. La contaminación resultante
potencialmente pone en serio peligro la salud de los habitantes, del medio ambiente, y de la
actividad agropecuaria y empresarial de la zona; provocando el secado y desaparición de 4
lagunas.

Por otro lado, es importante mencionar que, a diferencia de otros países, los Estudios de
Impacto Ambiental en los que se basan los proyectos extractivos de Perú no son aprobados
por el Ministerio de Medio Ambiente, sino que “son realizados por consultoras contratadas y
pagadas por las empresas interesadas”, restando de esta manera credibilidad a la objetividad
de los mismos y careciendo de valor científico. En el caso que nos ocupa, la elaboración de los
EIA se lleva a cabo por consultorías ligadas íntimamente a Mineras de Yanacocha, que lleva 17
años provocando daños irreversibles en la población de Cajamarca. Dichos estudios no reúnen
las condiciones suficientes para emitir informes serios según UNOPS y la OEFA, ente de la
ONU, y permiten la vulneración de los derechos fundamentales amparados en la Constitución
(arts. 38º, 45º, 51º y 138º 2do párrafo de la Constitución) por lo que a continuación se expone:

- No garantizan adecuada y efectivamente el derecho a un medio ambiente adecuado
y equilibrado contenido en el art. 2.22 de la Constitución. No existe una demarcación
económica sustentable, ni consideración de la OEFA, violando con ello un posible
desarrollo equilibrado, la conservación, y la prevención de riesgos, no concretados en
el actual diseño de aprobación de los EIA. (STC Exp. Nº 3510-2003-AA, f.j. 2.e y Exp. Nº
0048-2004-PI f.j. 18)

- Existe una incompatibilidad de base con el derecho fundamental de promover y
velar un medio ambiente equilibrado y adecuado reconocida en el artículo 44º de la
Constitución.

- El Estado peruano no muestra interés en remover los obstáculos legales y no legales
que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales y medio ambientales,
sostenida en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y
desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)” y en
el artículo 67º de la Constitución, que exige al Estado peruano elaborar una política
nacional de gestión de riesgos y cuidado medio ambientales.

- No se da pie a una consulta previa con los pueblos involucrados de base,
contraviniendo el acuerdo 169 de la OIT.

No hay dinero que compense el daño causado, ni las secuelas y enfermedades a todos los
niveles en las poblaciones. El desarrollo que se quiere vender a lxs ciudadanxs tratando de
disfrazar los intereses reales que desembocan directamente en sus arcas privadas, minándose
con ello las posibilidades de la propia población de acceso a recursos.

El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover
en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas
y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se
desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional.

El movimiento de indignadxs reclama una democracia real ya, en la que los asuntos de
Estado, que le son de su competencia, se tomen en cuenta a través de consultas previas o
referéndum, de forma que la participación ciudadana sea efectiva, y se logren consensos
plausibles y reconocidos que sean alimentados desde la inteligencia colectiva y la participación
democrática. Solo así lxs ciudadanxs podrán salvaguardar tanto sus derechos públicos como
su derecho a proteger, cuidar y conservar sus medios de vida y ambiente. Se exige que la voz
del pueblo sea tenida en cuenta y tenga el poder para replicar cualquier contrato estatal con
transnacionales que velen por sus propios intereses, pues la población no es un instrumento
de proyectos inviables que se ejecutan a sus costas y en su perjuicio.

“No se debe de permitir que el poder económico de unos cuantos, como la de Newmont
Mining Corporatioon, controle todo en Cajamarca, incluso haga uso del propio ejército
peruano y de los aeropuertos para defender y vigilar sus propósitos cargados de codicia
económica.”

Movimiento Internacional de Indignadxs, Legal Team International.

Minera Yanacocha y los destrozos media ambientales..

El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover
en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas
y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se
desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional.

Según el informe de OMS la zona de Yanachoa cuenta con la presencia de metales pesados en organismos vivientes
(vegetales, animales y humanos), y la una elevada contaminación que existente, causando diversas enfermedades
irreversibles en poblaciones enteras alrededor de la mina. Contaminación de acueductos y aguas subterráneas en la
zona minera de Yanacocha.

“LA VIDA Y EL AGUA VALEN MÁS QUE EL ORO”..No a Conga¡¡

Vídeos y documentos:

El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover
en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas
y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se
desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional.

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los-nuevos-caminos-que-debemos-andar%2Flamula&h=GAQHok_hw

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debemos-andar/lamula

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Peru_cabeceras_de_cuenca_en_Cajamarca_Por_que_debemos_defenderlas_y_protegerlas#.T
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